Que es un contrato de autonomo

Un contrato de prestación de servicios con un autónomo es un contrato escrito entre una empresa y un trabajador por cuenta propia u otra empresa, que fija el trabajo que se va a realizar, lo que se paga por él, quién es titular del resultado y cómo puede cualquiera de las partes poner fin a la relación. Documenta una relación mercantil de servicios y no una relación laboral, de modo que el autónomo decide en principio cómo ejecuta el trabajo y asume sus propios impuestos, cotizaciones, seguros y medios.

El contrato deja constancia del acuerdo. No decide la calificación. Que una persona sea jurídicamente autónoma o trabajadora por cuenta ajena se determina por cómo funciona la relación en la práctica, y eso se examina por separado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ante la Tesorería General de la Seguridad Social y ante el juzgado de lo social [1][2]. Un contrato redactado con cuidado es prueba dentro de ese análisis, a veces prueba sólida. No es la respuesta.

El mismo documento circula con varios nombres que designan el mismo instrumento: contrato de prestación de servicios, contrato mercantil de servicios, contrato de arrendamiento de servicios, contrato freelance y, coloquialmente, simplemente el presupuesto firmado. Nada depende del título de la primera página, y un contrato llamado «mercantil» se recalifica igual si la realidad dice otra cosa. Un término español sí significa algo concreto: el contrato TRADE, regulado en la Ley 20/2007, es una figura legal específica con requisitos propios de forma y registro, y no un sinónimo de cualquier contrato con un autónomo [3]. Además, varios documentos realmente distintos acaban en la misma conversación, entre ellos los contratos de consultoría, los de subcontratación, los de puesta a disposición de personal y los contratos de trabajo, y se comparan más abajo.

Esta guía describe la práctica española. El derecho laboral, el de la Seguridad Social y el tributario no se solapan de forma exacta, y de ese desfase salen casi todas las sorpresas caras. Es información general y no asesoramiento jurídico sobre un encargo concreto.

Finalidad y usos habituales

Un contrato de prestación de servicios existe para hacer demostrable un acuerdo de servicios y para repartir aquello que genera conflictos más adelante: alcance, precio, propiedad intelectual, confidencialidad y salida. Esos cinco puntos son todo el trabajo del documento. El resto sirve para sostener alguno de ellos.

No hay una obligación general de formalizar por escrito un encargo de servicios entre profesionales. Sí hay una excepción concreta y frecuentemente pasada por alto. Cuando el autónomo percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos de un solo cliente y reúne el resto de requisitos del artículo 11 de la Ley 20/2007, es un trabajador autónomo económicamente dependiente, y en ese caso el contrato debe celebrarse siempre por escrito y registrarse en el Servicio Público de Empleo Estatal. El registro corresponde al propio TRADE dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma, que debe comunicarlo al cliente en los cinco días hábiles siguientes; si transcurren quince días hábiles desde la firma sin esa comunicación, la obligación de registrar pasa al cliente, que dispone de otros diez días hábiles [3]. Es la regla española más parecida a una obligación legal de contrato escrito, y afecta a más relaciones de las que se suele pensar.

Fuera de ese supuesto, las empresas usan estos contratos para trabajo por proyecto con un entregable definido, competencias especializadas que no existen dentro del equipo, capacidad en picos de demanda, perfiles directivos a tiempo parcial, trabajo creativo y de desarrollo de software donde importa la titularidad de los derechos, y oficios y servicios técnicos donde importan el seguro y las habilitaciones.

Cómo se estructura la relación suele depender de la frecuencia con la que se repite el trabajo. Un proyecto único es normalmente un contrato con el alcance dentro. El trabajo recurrente se gestiona mejor con un contrato marco que recoja las condiciones jurídicas una sola vez, acompañado de un pliego de trabajo por encargo que fije únicamente el alcance, las fechas y el precio. Esa estructura mantiene estables las condiciones negociadas y convierte cada nuevo trabajo en un documento corto en lugar de una negociación nueva. La comparación en pliego de trabajo frente a contrato trata dónde está la frontera entre ambos, y qué es un contrato marco de servicios trata la capa paraguas.

Partes del contrato

Hay dos partes: el cliente, a veces llamado empresa contratante, y el prestador, también llamado autónomo o proveedor. Identificar bien la forma jurídica del prestador en el bloque de firma importa más de lo que parece, porque determina la fiscalidad aplicable, la exposición a la recalificación y quién soporta el riesgo si el trabajo sale mal.

Cuatro configuraciones son habituales, y no son intercambiables.

El prestador es	Qué significa en la práctica
Un autónomo persona física	El riesgo de recalificación más alto, porque el análisis examina la relación de trabajo de una sola persona con el cliente. El alta en el RETA y en el censo de Hacienda no dice nada por sí sola sobre la naturaleza de la relación [1].
Un autónomo TRADE	Sigue siendo autónomo, pero con contrato escrito y registrado obligatorios, derecho a dieciocho días hábiles de interrupción anual de la actividad y jurisdicción social para los litigios, según los artículos 11 a 18 de la Ley 20/2007 [3].
Una sociedad limitada con empleados propios	Quienes ejecutan son trabajadores de esa sociedad. Esa es la diferencia estructural frente a contratar a una persona.
Una empresa de trabajo temporal o de servicios	La cesión de trabajadores fuera de los cauces legales de la ETT es cesión ilegal de mano de obra según el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, y el trabajador cedido puede pedir su fijeza en la empresa cedente o en la cesionaria, a su elección [2].

Las dos últimas filas son la respuesta práctica a la elección entre un autónomo y una consultora. Contratar a una empresa real aleja un paso la relación laboral: ella emplea a las personas, gestiona las nóminas, soporta las cotizaciones y mantiene los seguros. La exposición del cliente pasa a ser mercantil en vez de laboral. El precio suele ser una tarifa más alta, menos control sobre quién se asigna y una negociación sobre entregables en lugar de sobre horas. Conviene además revisar la contrata: cuando el servicio corresponde a la propia actividad de la empresa principal, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores impone responsabilidad solidaria sobre las obligaciones salariales y de Seguridad Social de la contratista durante el año siguiente a la finalización del encargo [2].

Ese desplazamiento no es automático, y conviene comprobarlo en lugar de darlo por hecho. Una consultora de una sola persona que se constituye en sociedad sigue siendo una persona haciendo el trabajo. El punto de partida legal es el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, que define la relación laboral por la prestación voluntaria de servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el artículo 8.1, que presume la existencia de contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio y quien lo recibe a cambio de una retribución [2]. Los índices que la Inspección valora son la ajenidad en los medios, en los frutos, en los riesgos y en el mercado, junto con la dependencia: horario impuesto, instrucciones concretas, integración en el organigrama, exclusividad de hecho y retribución fija periódica con independencia del resultado [1]. Tener una sociedad pesa en uno solo de esos platos.

Del hecho de que las partes sean empresas se derivan tres puntos de redacción. Diga si el prestador puede subcontratar, y a quién. Nombre a las personas clave si el cliente compra personas concretas y no capacidad, y prevea qué ocurre si dejan de estar disponibles. Compruebe que la entidad firmante tiene poder suficiente y vincula a quienes realmente van a ejecutar. La entrada de glosario sobre subcontratistas de Contracko trata dónde queda la cadena de responsabilidad cuando el trabajo baja un escalón.

Cláusulas esenciales

Un contrato de prestación de servicios completo cubre en general el mismo terreno con independencia del sector. Lo que cambia es qué cláusula soporta el peso.

Alcance y entregables. La cláusula más discutida del documento, y normalmente la más corta. Nombre qué se va a producir, qué significa la aceptación, quién decide si se ha cumplido, y qué ocurre cuando el cliente pide algo fuera del alcance. Un mecanismo de orden de cambio vale más que una descripción de alcance más larga. Cuidado con la redacción: un contrato que fija horario, lugar de trabajo impuesto y dependencia jerárquica describe dependencia laboral y aporta por sí mismo el indicio que busca el inspector.

Precio y condiciones de pago. Precio cerrado, por hora, por jornada, por hitos o iguala, más el ritmo de facturación, el plazo de pago, el tratamiento de gastos y los intereses de demora. Aquí la ley marca límites imperativos. La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad fija en treinta días naturales el plazo supletorio cuando no hay pacto, y permite ampliarlo por acuerdo hasta un máximo de sesenta días naturales, sin que quepa pactar un plazo superior [4]. Superado el plazo, el interés de demora se devenga automáticamente sin necesidad de reclamación, al tipo de refinanciación del Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales, y el acreedor tiene además derecho a cobrar cuarenta euros por factura en concepto de costes de cobro [4]. Ese devengo automático es la parte que más se olvida: no hace falta que el autónomo reclame para que corra.

Cláusula de independencia. Una cláusula que declara que no existe relación laboral, que no hay vacaciones retribuidas ni indemnización por despido, y que el prestador asume sus impuestos y cotizaciones. Tiene sentido incluirla, y conviene saber qué hace. Confirma la voluntad de las partes y coloca la carga fiscal donde corresponde, pero no determina la calificación. El principio aplicado de forma constante por los tribunales españoles es el de primacía de la realidad: los contratos son lo que son por su contenido real y no por la denominación que las partes les den, y el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores juega en contra de quien afirma que no hay laboralidad [2].

Obligaciones fiscales y de Seguridad Social. No existe un formulario español equivalente al W-9 estadounidense, pero sí hay una obligación de retener que va mucho más lejos. Cuando el prestador es una persona física que factura por una actividad profesional, el cliente debe practicar retención de IRPF sobre la factura, ingresarla trimestralmente mediante el modelo 111 y resumirla anualmente en el modelo 190 [6]. El tipo general es del 15 por ciento, reducido al 7 por ciento durante el año de inicio de la actividad y los dos siguientes si el profesional lo comunica por escrito [6]. Es el cliente quien responde ante Hacienda de la retención no practicada, no el autónomo, y ese es el error administrativo más caro y más frecuente en facturas de freelance. Añada a eso la comprobación del NIF, del alta censal mediante el modelo 036 o 037 y del alta en el RETA antes de la primera factura. Del lado del prestador, la cotización se calcula desde 2023 por tramos de rendimientos netos reales, con regularización posterior, y los nuevos autónomos pueden acogerse a la tarifa plana de ochenta euros mensuales durante los primeros doce meses, prorrogables otros doce si sus rendimientos quedan por debajo del salario mínimo [6].

Propiedad intelectual. Para trabajo creativo, software, diseño y contenidos esta es la cláusula que más veces falla, y falla en silencio. En derecho español el autor es la persona física que crea la obra, y pagar por un encargo no transmite ningún derecho. Tres reglas convierten en papel mojado las cláusulas copiadas. El artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual exige que toda cesión se formalice por escrito. El artículo 43 limita la cesión a los derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen, y establece que la falta de mención del tiempo limita la cesión a cinco años y la falta de ámbito territorial la limita al país en que se realiza la cesión [7]. Y el artículo 43.3 declara nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, de modo que la cláusula genérica «cede todos los derechos presentes y futuros» no sirve [7]. La presunción de cesión al empresario del artículo 51, y la atribución automática de los derechos sobre el software al empleador del artículo 97.4, se aplican solo a obras creadas por trabajadores asalariados en el marco de su relación laboral, nunca a un autónomo [7]. La redacción correcta enumera los derechos cedidos, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, con modalidad, plazo y territorio, y se firma por escrito. El derecho moral del artículo 14 es irrenunciable e inalienable y ninguna cláusula puede eliminarlo. Contracko publica una plantilla gratuita de cesión de derechos de autor como estructura de partida.

Confidencialidad. Defina qué es confidencial, qué puede hacer el prestador con ello, cuánto dura la obligación tras el fin del encargo, y qué pasa con las copias y los accesos a la salida. Si el prestador trata datos personales por cuenta del cliente, una cláusula de confidencialidad no basta: el artículo 28 del RGPD exige un contrato de encargo de tratamiento con contenido tasado, y ese va aquí o en un anexo aparte.

Seguros y responsabilidad. Concrete las pólizas exigidas, los límites, si el cliente debe figurar como asegurado adicional, y la entrega del certificado de seguro antes del inicio. La responsabilidad civil profesional y la responsabilidad civil de explotación son pólizas distintas y cubren daños distintos, y en varias profesiones colegiadas el seguro es obligatorio. Acompáñelo de una cláusula de indemnidad proporcionada al riesgo real del trabajo y no a una plantilla. Preste atención también a la coordinación de actividades empresariales del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aplica cuando el autónomo trabaja en las instalaciones del cliente aunque no exista relación laboral.

Duración y extinción. La fecha de efectos, la fecha de fin o el hito de finalización, si el contrato se prorroga, el preaviso que debe dar cada parte, y qué ocurre con el trabajo en curso, el pago final y los materiales al terminar. La extinción por voluntad y la extinción por incumplimiento deben redactarse por separado, porque tienen preavisos y consecuencias económicas distintas. En contratos TRADE hay una capa adicional: el artículo 15 de la Ley 20/2007 tasa las causas de extinción, y la desistencia del cliente sin causa justificada da derecho al autónomo a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados [3].

Pactos de no competencia y no captación. Prohibición de captar empleados y clientes del cliente, y a veces un pacto de no competencia. Las reglas del artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la compensación económica adecuada, no se aplican tal cual entre profesionales, pero el pacto debe estar limitado en el tiempo, el territorio y la actividad, y ser proporcionado a un interés legítimo, o resulta inválido por contrario al artículo 38 de la Constitución y a la normativa de competencia. Copiar una cláusula de un contrato laboral es el origen más frecuente de una cláusula inaplicable. Las restricciones amplias juegan además contra la condición de autónomo, porque quien no puede atender a otros clientes se parece menos a una empresa independiente [1].

Ley aplicable y resolución de conflictos. Qué ley se aplica, dónde se resuelve el conflicto, y si hay mediación o arbitraje previo. Si el prestador trabaja en un país distinto al del cliente, mencione ambos hechos, porque el lugar de ejecución suele determinar el encuadramiento en Seguridad Social con independencia de la ley elegida. En trabajo transfronterizo dentro de la Unión Europea hay que sumar el certificado A1. Un detalle propio de España: los litigios derivados de un contrato TRADE corresponden al orden jurisdiccional social, no al mercantil, según el artículo 17 de la Ley 20/2007 [3].

Una forma rápida de ver qué contiene realmente un contrato existente es la herramienta gratuita de revisión de contratos de prestación de Contracko, que extrae de un archivo subido el riesgo de recalificación, el alcance y los entregables, la titularidad de los derechos, las condiciones de pago y la extinción, sin registro.

Fechas y eventos del ciclo de vida

La mayoría de estas fechas no existen en ningún otro sitio más que dentro del contrato, y ninguna se anuncia sola.

Qué hay que controlar	Por qué importa
Fecha de efectos y de inicio	Ancla la duración, el cálculo de preavisos y el ejercicio fiscal al que se imputan los pagos.
Fechas de entregables e hitos	Dirige la aceptación, la facturación y los compromisos del propio cliente aguas abajo.
Fechas de factura y de vencimiento	Disparador del plazo legal de la Ley 3/2004 y del devengo automático del interés de demora [4].
Fecha de fin o hito de finalización	Los encargos de duración determinada terminan sin que nadie actúe, y el trabajo suele continuar sin soporte documental.
Prórrogas y renovación tácita	Los contratos de servicios indefinidos siguen rodando en silencio, a veces años después de que el trabajo parase.
Preaviso antes de la extinción	Suele ser la mecha más corta del documento, y la más fácil de pasar por alto.
Registro del contrato TRADE	Diez días hábiles desde la firma para el autónomo, y obligación subsidiaria del cliente a partir del día quince [3].
Modelo 111 trimestral y modelo 190 anual	La retención practicada se ingresa hasta el día 20 de abril, julio, octubre y enero, y se resume en el resumen anual [6].
Caducidad del certificado de seguro	La cobertura decae a mitad de encargo más veces que en la fecha de renovación.
Vigencia de habilitaciones y del certificado A1	Donde el trabajo exige una habilitación, o cruza una frontera, su caducidad también es problema del cliente.
Fechas de fin de confidencialidad y no captación	Obligaciones que sobreviven al encargo, y las únicas fechas que alguien consulta años después.
Fechas de revisión o actualización de tarifas	Escritas en las igualas y en los encargos largos, y luego olvidadas hasta que cambia la factura.

Las herramientas gratuitas de Contracko para vencimientos de pliegos de trabajo, certificados de seguro y caducidad de pactos de no competencia extraen cada una las fechas correspondientes de un documento subido.

Riesgos y errores frecuentes

El falso autónomo es el error caro. Las consecuencias corren por tres vías separadas, y resolver una no cierra las otras. En Seguridad Social, la Inspección puede levantar acta de liquidación por las cuotas no ingresadas de los cuatro años anteriores, con un recargo que se sitúa habitualmente entre el 100 y el 150 por ciento de lo no ingresado [1]. La empresa asume además la cuota obrera: no puede descontarla al trabajador con efecto retroactivo, de modo que soporta las dos mitades.

En el orden sancionador, el artículo 22.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción grave no solicitar el alta de los trabajadores que ingresan al servicio de la empresa, con multa que va desde 3.750 euros en grado mínimo hasta 12.000 euros en grado máximo, y se impone por cada trabajador afectado [5]. Cuando concurre ocultación o fraude, o afecta a beneficiarios de prestaciones incompatibles con el trabajo, la infracción pasa a muy grave y el tramo superior llega mucho más alto [5]. Diez falsos autónomos no son una multa: son diez.

En el orden social, la recalificación hace nacer retroactivamente un contrato de trabajo, con derecho a diferencias salariales, vacaciones no disfrutadas, aplicación del convenio colectivo del sector y, si la relación se ha roto, las consecuencias del despido improcedente. Esa suma, y no la liquidación aislada de cuotas, es lo que hace estructuralmente caro el falso autónomo.

El terreno además se mueve. El Real Decreto-ley 9/2021, conocido como ley rider, introdujo una presunción legal de laboralidad para el reparto mediante plataformas digitales, y añadió al artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores el derecho del comité de empresa a conocer los parámetros de los algoritmos que afectan a las condiciones de trabajo [2]. La directiva europea sobre mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas, aprobada en 2024, debe transponerse antes del final de 2026 y extenderá una presunción de relación laboral a más supuestos. La lectura práctica es que el criterio aplicable depende de quién pregunte y del sector, así que la respuesta no puede apoyarse en una sola norma.

El contrato dice una cosa y la relación dice otra. Horario fijo, un portátil de la empresa, un responsable que reparte tareas cada día, un sitio en la reunión diaria del equipo, una dirección de correo interna y una cláusula de exclusividad describen juntos a un trabajador por cuenta ajena, se llame como se llame el documento. El primer sitio donde mirar no es el contrato sino los mensajes y las actas: ahí es donde el inspector encuentra las instrucciones.

Los derechos de autor se dan por supuestos en lugar de cederse. El cliente paga un logotipo, un código o un vídeo y obtiene como mucho una licencia tácita limitada a la finalidad del encargo, porque no hay cesión escrita con modalidad, plazo y territorio [7]. Esto aflora años después, en una ronda de financiación o en una venta, cuando alguien hace una auditoría seria de propiedad intelectual y descubre que la identidad visual sigue siendo de un diseñador que se marchó hace tres años.

No se practica la retención de IRPF. Es el error administrativo más común en facturas de autónomos, y la responsabilidad es del pagador: Hacienda reclama al cliente la retención que debió practicar, más intereses y sanción, aunque el autónomo haya declarado y pagado su IRPF [6]. Comprobar el epígrafe y el tipo aplicable antes de la primera factura cuesta unos minutos.

No aparece el ejemplar firmado. España no anuda a esto una presunción específica, pero el efecto es el mismo. En un procedimiento laboral, el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores presume la laboralidad y es la empresa quien debe desvirtuarla, y lo hace sin documento [2]. A eso se suma la obligación de conservar la documentación con trascendencia tributaria durante el plazo de prescripción de cuatro años, y durante más tiempo cuando hay bases o deducciones pendientes de aplicar. Un contrato que nadie encuentra es peor que no tener contrato.

Nadie es dueño del contrato después de la firma. Los contratos de prestación suelen firmarlos quien necesitaba el trabajo, y luego quedan en su bandeja de entrada. Cuando el encargo entra en su tercer año, la tarifa se ajusta por correo electrónico y la persona que lo montó se va de la empresa, no queda registro de lo acordado. Ese es el modo de fallo que las hojas de cálculo y las carpetas compartidas no arreglan.

Tipos de contrato relacionados

Documento	Qué es	En qué se diferencia
Contrato de trabajo	Un acuerdo entre un empresario y un trabajador por cuenta ajena	Crea relación laboral, con cotización a cargo de la empresa, convenio colectivo aplicable, vacaciones e indemnización por despido que un encargo de servicios no lleva
Contrato de consultoría	Un contrato de servicios, tradicionalmente para asesoramiento	Casi siempre el mismo instrumento con otro nombre, aunque se usa más cuando el prestador es una firma y el entregable es un dictamen
Pliego de trabajo	Un documento de alcance, entregables y calendario	Define un encargo concreto bajo un contrato existente, no las condiciones jurídicas de la relación
Contrato marco de servicios	Un contrato paraguas que sostiene las condiciones jurídicas	Recoge las condiciones una vez para encargos repetidos, con cada proyecto delimitado en su propio pliego
Contrato de subcontratación	Un contrato entre un contratista y su propio contratista	Se sitúa un escalón por debajo de un contrato principal, debe trasladar sus obligaciones, y activa la responsabilidad solidaria del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores cuando se trata de la propia actividad [2]
Contrato de puesta a disposición	Los contratos que se usan cuando la mano de obra llega a través de una agencia	El empleador del trabajador es normalmente la empresa de trabajo temporal, así que el cliente tiene un contrato mercantil; fuera de ese cauce hay cesión ilegal de trabajadores
Acuerdo de confidencialidad	Un contrato de confidencialidad autónomo	Cubre solo la confidencialidad, firmado junto a o antes de un contrato que ya tiene su propia cláusula

Para una estructura de partida en lugar de una comparación, Contracko publica plantillas gratuitas de contrato de consultoría y de contrato de prestación de servicios, además de una calculadora de contratos de subcontratación para obtener las fechas y los importes de un contrato existente.

Lista de comprobación para la gestión del contrato

Recorra esta lista con un contrato real delante, no de memoria.

Antes del primer pago

1. Guarde la versión firmada completa, con todos los anexos y pliegos de trabajo unidos al mismo registro, y marque cualquier borrador sin firma para que no pueda confundirse con ella.
2. Anote la denominación social exacta y la forma jurídica del bloque de firma, no el nombre comercial que se usa en el correo.
3. Verifique el NIF, el alta censal y el alta en el RETA antes de la primera factura, y determine el tipo de retención aplicable dejando constancia de la comprobación [6].
4. Introduzca la fecha de efectos, la fecha de fin o el hito de finalización, el preaviso y cualquier fecha de prórroga, tomados de la literalidad del contrato y no supuestos.
5. Registre dónde se va a prestar realmente el servicio, junto a la cláusula de ley aplicable. En trabajo transfronterizo añada un certificado A1 vigente.
6. Compruebe que la cláusula de propiedad intelectual contiene una cesión escrita que enumera los derechos, con modalidad, plazo y territorio, y no una cesión genérica de todo lo presente y futuro [7].
7. Recoja el certificado de seguro e introduzca su fecha de caducidad, no solo el hecho de que haya llegado. Si el autónomo va a trabajar en sus instalaciones, documente la coordinación de actividades empresariales.
8. Designe una persona responsable del contrato, con un suplente nombrado. No un departamento.

De forma periódica

9. Programe recordatorios que salten antes de cada vencimiento y no el mismo día. Los preavisos, las caducidades de seguro y las fechas de fin fijas necesitan margen para poder actuar.
10. Modifique el contrato por escrito siempre que cambien la tarifa, el alcance o la duración, y una la adenda al mismo registro. Los cambios de tarifa acordados por correo son la modificación no documentada más habitual.
11. Revise una vez al año los encargos de larga duración contrastando cómo se presta realmente el servicio, no el texto del contrato. La dependencia, la exclusividad de hecho y la integración en el equipo se desplazan, y conviene mirar también si el autónomo ha cruzado el umbral del 75 por ciento que lo convierte en TRADE [1][3].
12. Concilie anualmente la población de autónomos con la contabilidad de proveedores antes de presentar el modelo 190, de modo que cada perceptor tenga contrato firmado localizable, retención correcta y datos censales verificados [6].
13. Cierre deliberadamente los encargos terminados: confirme el pago final, anote las fechas de fin de las obligaciones de confidencialidad y no captación que sobreviven, recupere accesos y materiales, y archive el registro firmado.

Contracko es software de gestión de contratos con IA construido exactamente alrededor de este trabajo. El análisis de contratos con IA lee un contrato subido y hace aflorar las fechas, las obligaciones y las cláusulas desfavorables que es fácil pasar por alto, el repositorio de contratos mantiene el documento firmado, sus pliegos de trabajo y sus metadatos localizables en un solo sitio, y los recordatorios de vencimiento pueden configurarse varias veces por contrato, asignarse a un compañero y renovarse automáticamente cuando el contrato se prorroga. Los equipos que gestionan muchos autónomos suelen llegar por la gestión de contratos de recursos humanos o por compras.

Empiece una prueba gratuita con sus contratos de prestación actuales y vea cada fecha de fin, cada preaviso y cada caducidad de seguro en una sola vista, o compare planes en la página de precios.

Fuentes

[1] Inspección de Trabajo y Seguridad Social, criterios sobre falsos autónomos, indicios de ajenidad y dependencia, actas de liquidación y recargo sobre las cuotas no ingresadas. mites.gob.es/itss/web/index.html

[2] Real Decreto Legislativo 2/2015, Estatuto de los Trabajadores, artículos 1.1, 8.1, 21, 42 y 43, y Real Decreto-ley 9/2021 sobre trabajo en plataformas digitales. boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

[3] Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, artículos 11 a 18, y Real Decreto 197/2009 sobre el registro del contrato TRADE en el Servicio Público de Empleo Estatal. boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409

[4] Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (plazo supletorio de treinta días, máximo de sesenta, interés de demora del tipo del Banco Central Europeo más ocho puntos, e indemnización de cuarenta euros por factura). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21830

[5] Real Decreto Legislativo 5/2000, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, artículos 22.2 y 40 (calificación de la infracción y tramos de la sanción por trabajador afectado). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060

[6] Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social: retención de IRPF sobre actividades profesionales, modelos 111 y 190, alta censal, y cotización del RETA por tramos de rendimientos netos con la tarifa plana para nuevos autónomos. seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537

[7] Real Decreto Legislativo 1/1996, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículos 14, 43, 45, 51 y 97.4 (derecho moral, límites de la cesión, nulidad de la cesión de obras futuras, forma escrita y obras de asalariados). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

Las imágenes de este artículo se han generado con ayuda de IA.